Regímenes de Retención y Percepción. Cuando son Inconstitucionales

Regímenes de Retención y Percepción . Cuando son Inconstitucionales

Un reciente fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Tucumán, en los autos “Banco CMF S.A. c/ Prov. de Tucumán”, declarando la inconstitucionalidad de un Régimen de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, actualiza el tema de los “deberes de colaboración”  de los particulares o entidades para con el Fisco, que deben revestir la calidad de “carga pública” para cumplir con las normas Constitucionales.

En este último sentido la “carga pública” debe cumplir con el principio constitucional de legalidad o sea ser establecido por ley formal dictada por el Poder Legislativo.

Si el Poder Legislativo  delega facultades que le son propias en el Poder  Administrador, dicha delegación no puede implicar renuncia del poder impositivo, ni represivo fiscal, ni de imposición fiscal, ni de cargas públicas  pues de lo contrario vulnera el principio de legalidad y viola  los artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional.

También la “carga pública” debe encuadrarse en el principio de igualdad,  consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, dando igual trato a quienes se encuentran en igual situación.

En cuanto al principio constitucional de temporalidad, la duración de la “carga pública”  asignada al sujeto a quien se le obligue, debe ser limitada.

Con respecto al principio de certeza y determinación, la “carga pública” debe referirse a un objeto específico y solo puede imponerse por razones de urgencia o interés público.

Los límites de la “carga pública” se refieren al principio de territorialidad , por el cual el sujeto que debe cumplir con el” deber de colaboración”, debe estar sujeto a la potestad del que lo designa, dentro de los límites territoriales en los que aquél puede ejercer esa potestad.

Las facultades Provinciales de designación de Agentes de Retención y Percepción debe considerar los límites de esas facultades, dado que los sujetos designados como tales , para estar obligados a actuar, deben realizar operaciones y/o pagos sujetos a ello, con sustento territorial en dichos Estados Provinciales.

La facultad de los Estados Provinciales de imponer “cargas públicas” puede impugnarse de inconstitucional, cuando son irrazonables, porque vulneran la necesidad y proporcionalidad que exige, que entre varios medios para lograr un fin, sea utilizado el que menos consecuencias desfavorables tenga para el sujeto de estas obligaciones.

La Corte Suprema ha establecido que la Legislación Provincial no puede aplicarse fuera de su propio territorio y debe ejercerse dentro de los límites territoriales en los que existe su potestad. 

Luego de estas reflexiones solo resta expresar, que el dictado de normas provinciales que obligan a  determinados sujetos  actuar como Agentes de Retención y de Percepción vulneran el principio de proporcionalidad prescripto en los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional, el principio de legalidad, en cuanto al dictado de normas que asignan deberes a personas o entidades fuera de los establecido en los artículos 17 y 19 de dicha Constitución Nacional, como también el principio de igualdad en el reparto de cargas públicas al que se refiere el artículo 16 de nuestra Carta Magna, razón por la cual son inconstitucionales.

Por: Departamento Económico-Impositivo de AIM-Rosario